Colombia: “Ningún gobierno se va a quedar con los brazos cruzados siendo testigo de cómo sus nacionales son asesinados desde el otro lado de la frontera.” (Fernando Araujo, Canciller colombiano, Marzo 26)
Ante la magnitud de la avalancha diplomática que tuvo que enfrentar el gobierno colombiano tras el episodio del ataque, claramente interpretado por la región como una violación a la soberanía de Ecuador, resulta fundamental entender por qué Colombia lo llevó a cabo a pesar de las consecuencias diplomáticas que este podría significarle.
A pesar de que el gobierno reconoce que violó la integridad territorial de su vecino, y por ello presentó excusas reiterativamente, este insistirá en que en ningún momento la acción iba dirigida a los ecuatorianos. Por el contrario el ataque apuntaba directamente al campamento de las FARC.
Colombia defendía su caso bajo el principio de la legítima defensa en contra de una organización terrorista, cuyo principal objetivo no es otro que derrotar a un gobierno que ha sido democráticamente elegido. Por esta razón, el bombardeo se realizaba en nombre de su “seguridad nacional”, y se justificaba ante la realidad de que son las FARC, las que en primer lugar no respetan fronteras. En este marco, el presidente Uribe, su canciller, y su embajador ante la OEA, señalaron una y otra vez la obligación que tienen todos los países de darle cumplimiento a la resolución 1373 de 2001 de Naciones Unidos, que insta a los gobiernos a impedir “que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen sus territorios respectivos para esos fines, en contra de otros Estados o de sus ciudadanos”.
El gobierno colombiano, liderado por el Presidente Uribe, estaba plenamente dispuesto -lo cual no quiere decir que necesariamente preparado- a pagar el costo diplomático de la acción militar en suelo ecuatoriano. Desde que Álvaro Uribe tomó posesión el 7 de Agosto de 2002, su compromiso de combatir a las FARC sería una de las prioridades de su plataforma de gobierno, justificado sobre el claro mandato que el pueblo colombiano le daba de hacerlo. En consecuencia, la reelección presidencial (prohibida en la Carta Constitucional de 1991) se aprobaría en el 2004 bajo el argumento de darle continuidad y sostenibilidad particularmente a su política de “Seguridad Democrática”, cuyo principal objetivo es la recuperación del monopolio del uso legítimo de la fuerza y la “restauración” de la presencia territorial del estado. No sobra recordar que dicha política ha sido el fundamento de su altísima popularidad cuyos márgenes de aceptación a lo largo de 6 años han sido en promedio superiores al 60% y alcanzaron una cifra record de 84% durante la actual crisis. Así mismo, tasas de crecimiento económico record que en 2007 alcanzaban el 6.80% han fortalecido su posición.
Caso distinto es el de las FARC, que no en vano, fueron el motivo de inspiración de la movilización más multitudinaria en la historia del país. El 4 de Febrero, más de 9 millones de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades del país, y se congregaron en plazas de muchas otras ciudades del mundo como Washington, Madrid, París, Caracas, e incluso Quito, en protesta por las atroces prácticas con las que comulga este grupo guerrillero. Además de su significativa participación en el negocio del narcotráfico para financiar su actividad militar, las FARC también son responsables del mayor reclutamiento de niños y niñas entre los actores del conflicto, y los mayores secuestradores del mundo con más de 700 secuestrados en su poder. Entre ellos, 3 estadounidenses, y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, también de nacionalidad francesa. Su extenso historial criminal incluye acciones como: la bomba del Club el Nogal en Bogotá, en la que mueren 36 personas y más de 200 quedan gravemente heridas; la masacre de Bojayá en 2002 en donde 119 civiles mueren calcinadas por “cilindros bomba” lanzados por las FARC al interior de una iglesia; y la ejecución de 11 diputados de la Asamblea del Valle en 2007; entre sólo algunos. Tanto el repudio de los colombianos hacia las FARC, como el calificativo de terroristas dado por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, no son gratuitos.
Por todo lo anterior, el gobierno colombiano creyó tener razones suficientes para justificar su acción. No obstante, la lenta reacción que tuvo para contener la avanzada diplomática del presidente Correa, nos lleva a pensar que subestimó la respuesta de la comunidad internacional, reflejando la inexistencia de una estrategia diplomática internacional efectiva para vender la causa colombiana en el exterior. La revista colombiana SEMANA resume la situación de la siguiente manera: “a pesar de tener suficientes argumentos a favor de la acción militar contra el campamento de las FARC en donde se encontraba ‘Raúl Reyes’, (Colombia) está perdiendo la batalla diplomática para justificar este acto ante la comunidad internacional.”
De todas maneras, dar muerte a Raúl Reyes, reconocido como el incuestionable sucesor del envejecido Manuel Marulanda Vélez alias “Tirofijo” (máximo líder de la organización), era un triunfo monumental para el gobierno. Los mismos analistas del conflicto armado confirman este golpe como el de mayor impacto en los casi 50 años de vida de las FARC. Por ello, es lógico concluir que incluso ante la inesperada reacción de la comunidad internacional –desde la perspectiva colombiana-, el gobierno colombiano pagaría lo que le costase el precio de su acción. Confirmado el paradero exacto del líder guerrillero, no había lugar para abortar o poner en riesgo la misión. Era una decisión irreversible, y la falta de aviso previo al Ecuador, una clara señal de desconfianza.
Es tan significativo el golpe, que a pesar de los resultados que venía obteniendo el actual gobierno contra miembros de la cúpula de las FARC (Simón Trinidad, Sonia, Negro Acacio, Rodrigo Granda, Martín Caballero), nada lograba cambiar el imaginario de los colombianos con respecto a la imposibilidad de derrotar militarmente a la guerrilla. Con la muerte de Raúl Reyes, y en menos de una semana la muerte de Iván Ríos –el séptimo hombre del secretariado en la línea de mando- a manos de uno de sus propios hombres, esto cambió en Colombia.
Hoy ya hay quienes afirman que el mito de “la invencibilidad” de la guerrilla ha caído, incluso a pesar de que 40 años de guerra son muchos para señalar con tanta confianza la eminente proximidad del fin de las FARC. No obstante, la verdad es que la organización atraviesa un momento crítico, y su moral debe estar muy afectada tras este par de bajas. El analista militar Eduardo Pizarro Leóngomez personifica este sentimiento cuando sostiene en su columna semanal del diario colombiano El Tiempo que “no es un exceso de optimismo afirmar que nos estamos acercando al final de conflicto armado” ya que “a la desmovilización colectiva de las Auc se añade el debilitamiento creciente del ELN y de las FARC.” No obstante, dicho fin estará expuesto a prolongarse, si es que los vecinos de Colombia persisten en desconocer la responsabilidad que les atañe, y que se deben a si mismos, de cerrarle decididamente los espacios –políticos, territoriales, económicos- a organizaciones como las FARC.
Habiendo quedado clarísima la posición de la comunidad internacional sobre la inviolabilidad de las fronteras cualquiera que sea el pretexto, sobre todo en una región de tantos diferendos limítrofes (Chile: Bolivia, Chile: Perú, Colombia: Nicaragua), los asuntos que quedaron pendientes (los puntos de Colombia) prometen tener unos efectos colaterales de enormes consecuencias que tarde o temprano tendrán que enfrentarse. La información de los ordenadores es algo que todos aquellos que han sido antagonizados por Chávez, entre ellos, el presidente Uribe, la oposición venezolana, los Estados Unidos, etc., no dejarán ir así de fácil.
Ante la magnitud de la avalancha diplomática que tuvo que enfrentar el gobierno colombiano tras el episodio del ataque, claramente interpretado por la región como una violación a la soberanía de Ecuador, resulta fundamental entender por qué Colombia lo llevó a cabo a pesar de las consecuencias diplomáticas que este podría significarle.
A pesar de que el gobierno reconoce que violó la integridad territorial de su vecino, y por ello presentó excusas reiterativamente, este insistirá en que en ningún momento la acción iba dirigida a los ecuatorianos. Por el contrario el ataque apuntaba directamente al campamento de las FARC.
Colombia defendía su caso bajo el principio de la legítima defensa en contra de una organización terrorista, cuyo principal objetivo no es otro que derrotar a un gobierno que ha sido democráticamente elegido. Por esta razón, el bombardeo se realizaba en nombre de su “seguridad nacional”, y se justificaba ante la realidad de que son las FARC, las que en primer lugar no respetan fronteras. En este marco, el presidente Uribe, su canciller, y su embajador ante la OEA, señalaron una y otra vez la obligación que tienen todos los países de darle cumplimiento a la resolución 1373 de 2001 de Naciones Unidos, que insta a los gobiernos a impedir “que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen sus territorios respectivos para esos fines, en contra de otros Estados o de sus ciudadanos”.
El gobierno colombiano, liderado por el Presidente Uribe, estaba plenamente dispuesto -lo cual no quiere decir que necesariamente preparado- a pagar el costo diplomático de la acción militar en suelo ecuatoriano. Desde que Álvaro Uribe tomó posesión el 7 de Agosto de 2002, su compromiso de combatir a las FARC sería una de las prioridades de su plataforma de gobierno, justificado sobre el claro mandato que el pueblo colombiano le daba de hacerlo. En consecuencia, la reelección presidencial (prohibida en la Carta Constitucional de 1991) se aprobaría en el 2004 bajo el argumento de darle continuidad y sostenibilidad particularmente a su política de “Seguridad Democrática”, cuyo principal objetivo es la recuperación del monopolio del uso legítimo de la fuerza y la “restauración” de la presencia territorial del estado. No sobra recordar que dicha política ha sido el fundamento de su altísima popularidad cuyos márgenes de aceptación a lo largo de 6 años han sido en promedio superiores al 60% y alcanzaron una cifra record de 84% durante la actual crisis. Así mismo, tasas de crecimiento económico record que en 2007 alcanzaban el 6.80% han fortalecido su posición.
Caso distinto es el de las FARC, que no en vano, fueron el motivo de inspiración de la movilización más multitudinaria en la historia del país. El 4 de Febrero, más de 9 millones de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades del país, y se congregaron en plazas de muchas otras ciudades del mundo como Washington, Madrid, París, Caracas, e incluso Quito, en protesta por las atroces prácticas con las que comulga este grupo guerrillero. Además de su significativa participación en el negocio del narcotráfico para financiar su actividad militar, las FARC también son responsables del mayor reclutamiento de niños y niñas entre los actores del conflicto, y los mayores secuestradores del mundo con más de 700 secuestrados en su poder. Entre ellos, 3 estadounidenses, y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, también de nacionalidad francesa. Su extenso historial criminal incluye acciones como: la bomba del Club el Nogal en Bogotá, en la que mueren 36 personas y más de 200 quedan gravemente heridas; la masacre de Bojayá en 2002 en donde 119 civiles mueren calcinadas por “cilindros bomba” lanzados por las FARC al interior de una iglesia; y la ejecución de 11 diputados de la Asamblea del Valle en 2007; entre sólo algunos. Tanto el repudio de los colombianos hacia las FARC, como el calificativo de terroristas dado por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, no son gratuitos.
Por todo lo anterior, el gobierno colombiano creyó tener razones suficientes para justificar su acción. No obstante, la lenta reacción que tuvo para contener la avanzada diplomática del presidente Correa, nos lleva a pensar que subestimó la respuesta de la comunidad internacional, reflejando la inexistencia de una estrategia diplomática internacional efectiva para vender la causa colombiana en el exterior. La revista colombiana SEMANA resume la situación de la siguiente manera: “a pesar de tener suficientes argumentos a favor de la acción militar contra el campamento de las FARC en donde se encontraba ‘Raúl Reyes’, (Colombia) está perdiendo la batalla diplomática para justificar este acto ante la comunidad internacional.”
De todas maneras, dar muerte a Raúl Reyes, reconocido como el incuestionable sucesor del envejecido Manuel Marulanda Vélez alias “Tirofijo” (máximo líder de la organización), era un triunfo monumental para el gobierno. Los mismos analistas del conflicto armado confirman este golpe como el de mayor impacto en los casi 50 años de vida de las FARC. Por ello, es lógico concluir que incluso ante la inesperada reacción de la comunidad internacional –desde la perspectiva colombiana-, el gobierno colombiano pagaría lo que le costase el precio de su acción. Confirmado el paradero exacto del líder guerrillero, no había lugar para abortar o poner en riesgo la misión. Era una decisión irreversible, y la falta de aviso previo al Ecuador, una clara señal de desconfianza.
Es tan significativo el golpe, que a pesar de los resultados que venía obteniendo el actual gobierno contra miembros de la cúpula de las FARC (Simón Trinidad, Sonia, Negro Acacio, Rodrigo Granda, Martín Caballero), nada lograba cambiar el imaginario de los colombianos con respecto a la imposibilidad de derrotar militarmente a la guerrilla. Con la muerte de Raúl Reyes, y en menos de una semana la muerte de Iván Ríos –el séptimo hombre del secretariado en la línea de mando- a manos de uno de sus propios hombres, esto cambió en Colombia.
Hoy ya hay quienes afirman que el mito de “la invencibilidad” de la guerrilla ha caído, incluso a pesar de que 40 años de guerra son muchos para señalar con tanta confianza la eminente proximidad del fin de las FARC. No obstante, la verdad es que la organización atraviesa un momento crítico, y su moral debe estar muy afectada tras este par de bajas. El analista militar Eduardo Pizarro Leóngomez personifica este sentimiento cuando sostiene en su columna semanal del diario colombiano El Tiempo que “no es un exceso de optimismo afirmar que nos estamos acercando al final de conflicto armado” ya que “a la desmovilización colectiva de las Auc se añade el debilitamiento creciente del ELN y de las FARC.” No obstante, dicho fin estará expuesto a prolongarse, si es que los vecinos de Colombia persisten en desconocer la responsabilidad que les atañe, y que se deben a si mismos, de cerrarle decididamente los espacios –políticos, territoriales, económicos- a organizaciones como las FARC.
Habiendo quedado clarísima la posición de la comunidad internacional sobre la inviolabilidad de las fronteras cualquiera que sea el pretexto, sobre todo en una región de tantos diferendos limítrofes (Chile: Bolivia, Chile: Perú, Colombia: Nicaragua), los asuntos que quedaron pendientes (los puntos de Colombia) prometen tener unos efectos colaterales de enormes consecuencias que tarde o temprano tendrán que enfrentarse. La información de los ordenadores es algo que todos aquellos que han sido antagonizados por Chávez, entre ellos, el presidente Uribe, la oposición venezolana, los Estados Unidos, etc., no dejarán ir así de fácil.
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